Los clubes no consiguen acordar por unanimidad los estatutos que exige el CSD para crear el organismo que gestionará la Liga Iberdrola.
El fútbol femenino en España dio un paso que parecía de gigante el pasado 15 de junio cuando el Consejo Superior de Deportes (CSD) aprobó por unanimidad que fuera la tercera competición en España considerada profesional. Se cumplía así el compromiso adquirido por el Gobierno de Pedro Sánchez, con Irene Lozano en la presidencia del CSD, de potenciar la igualdad en el deporte. La Liga Ibredrola se rebautizaría como Liga Ellas y se convertiría en una competición profesional como Primera y Segunda División y la Liga ACB. Sin embargo, el gigante demostró tener pies de barro demasiado pronto. La profesionalización del fútbol femenino se ha enredado en un laberinto burocrático que pone a las jugadoras al borde de la huelga, le ha hecho desaparecer de la parrilla televisiva, ha mermado sus recursos y hasta a algunos equipos les ha costado sanciones con pérdida de puntos.
La razón de este enredo es que los 16 clubes que forman parte de la Liga Iberdrola debían pactar unos estatutos que guiarían la gestión del nuevo ente que dirigiría la competición, una patronal con mandato sobre sus asociados. Estos acuerdos de constitución los supervisaría el CSD, que exigía que se adoptaran por unanimidad. Sin embargo, no han sido capaces de lograrlo.
Por un lado, elaboraron su propuesta 12 clubes, los que forman parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), creada en 2015, y por otra presentaron la suya Real Madrid, Barça y Athletic, que no pertenecen a la asociación. Solo uno permaneció neutral: el Madrid CFF.
El problema lo generan los derechos comerciales y, especialmente, los derechos de retransmisión audiovisual. Mientras que la propuesta de la ACFF era la comercialización conjunta que garantizara a todos unos ingresos determinados y conocidos, los tres en discordia defendían su negativa a dejar en manos de este organismo sus derechos. Vista la ‘guerra’ que tienen con La Liga de Javier Tebas por el reparto televisivo, no quieren repetir fórmula. Por eso, también se niegan a que los acuerdos de esta patronal que afecten a los estatutos se adopten por mayoría reforzada de dos tercios y exigen que haya un quorum del 90%, «lo que supone de hecho un derecho de veto», lamentaba la Asociación en un comunicado el pasado mes de septiembre.
En este tira y afloja llevan casi seis meses, en los que la competición, aunque sea por decreto profesional, sigue en estado amateur o incluso ha dado pasos atrás. Este conflicto ha impedido la explotación económica de la competición y su aumento de visibilidad. El fútbol femenino vive un apagón televisivo, ya que Mediapro rescindió su contrato al ver cómo determinados equipos retransmitían los partidos por sus propias cadenas. Esto ha supuesto la pérdida de al menos 200.000 euros por equipo. «Es un buen pellizco de nuestro presupuesto, que no se alimenta del club masculino», confiesa uno de los clubes de la Asociación.
Además, sin gestora profesional constituida, también están en el aire los cinco millones que el Gobierno prometió incluir en los presupuestos a partir de 2022 para las próximas tres temporadas, además de 31 más que el CSD puso sobre la mesa para la mejorar de infraestructuras.
Desde la Asociación, insisten en que la dilación no se debe a una «falta de acuerdo» sino a que hay tres clubes que se muestran contrarios a las decisiones respaldadas por los restantes. Por eso ha solicitado al CSD en múltiples ocasiones que deje a un lado la unanimidad que buscaba para imponer una mayoría reforzada y avanzar.
En las últimas conversaciones, la postura mayoritaria asegura haber incorporado a su proyecto de estatutos «posiciones del grupo minoritario,resultando un texto que, a pesar de no contener la totalidad de aspectos defendidos por una y otra parte, sí respeta las principales sensibilidades de unos y otros», aseguraron en un comunicado el pasado 13 de noviembre. Pero sigue sin haber avances.
JUGADORAS SIN MÉDICOS O EMBARAZADAS
A pesar de que el CDS asegura que aún hay margen para el acuerdo, las consecuencias ya empiezan a notarse. Las jugadoras se sienten desamparadas y amenazan con una nueva huelga, porque todo el avance en su convenio colectivo lo pone en peligro este conflicto que las deja en los márgenes de la profesionalización.
En primer lugar, hay clubes a lo que la falta de recursos (principalmente ingresos por televisión) pueden poner en riesgo el cumplimiento de sus compromisos contractuales con las jugadoras.
Pero, sobre todo, tiene un componente sociolaboral: el sindicato AFE tiene denunciado el primer convenio colectivo de las futbolistas que fue aprobado en febrero de 2020. Se trataba de un convenio de mínimos que quería renegociar para puntualizar y mejorar aspectos como el salario mínimo (fijado en 16.000 euros brutos anuales), la jornada, la compensación por preparación o formación, los derechos de explotación de imagen, el fondo de garantía salarial o la conciliación de la vida familiar y laboral.
Ni siquiera establece las condiciones mínimas en que deben jugar las futbolistas. También pasaba por encima de un asunto de vital importancia como es la maternidad. En el artículo 39 sobre conciliación de la vida familiar y profesional se limita a recoger que «encaso de embarazo de una Futbolista durante su última temporada de contrato, la Futbolista tendrá el derecho a optar por cualquiera de las dos siguientes posibilidades: a) La renovación del contrato por una temporada adicional en las mismas condiciones que tenía en la última temporada. b) La no renovación del contrato».
En este sentido , debería actualizarse con la nueva normativa de la FIFA que protege los derechos de las futbolistas embarazadas, con tiempos de baja remunerados y más protección durante el embarazo y contra el despido o con la opción de que el equipo pueda cubrir la baja de la futbolista embarazada con un fichaje temporal.
Este caso de jugadora en activo embarazada se acaba de dar en el Levante. Su capitana, la internacional María Alharilla, deja temporalmente la competición para afrontar su segunda maternidad, con el respaldo del club pero echando de menos que sus derechos no estén mejor recogidos en el convenio colectivo.
«Pero sin patronal no hay con quien negociar los derechos de las trabajadoras», recuerdan desde la AFE. Y esa patronal sigue encallada por el momento.
Y, ENTRE TANTO, SANCIÓN DE LA RFEF
La competición, legalmente declarada como profesional, sigue estando tutelada por la Federación Española, que asume ciertos aspectos de gestión y coordinación de la competición durante este proceso de constitución de la liga profesional. Sin embargo, sancionó con una multa de 602 euros y descuento de tres puntos en la clasificación al Levante, Villarreal y Real Sociedad por no llevar en la manga derecha de la camiseta el parche con el anagrama identificativo de la RFEF. Los tres clubes se rebelaron, como las jugadoras, que se taparon el logo en el siguiente partido en señal de protesta.
Todos los clubes hicieron visible su malestar deteniendo sus partidos 30 segundos. «Estamos cansadas de no estar en esa liga profesional, solo queremos tener esas condiciones que nos merecemos», asegura Silvia Messeguer, futbolista del Atlético de Madrid y vicepresidenta de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Esas condiciones incluyen que los equipos tengan la obligación de tener un médico en el campo para que no se repita lo ocurrido con Camila Sáez, la jugadora del Rayo que recibió un golpe en la cabeza y tuvo que ser atendida por el médico rival.
La siguiente medida ya han advertido cuál será: una huelga que paralice la competición.